Lunes 08/01/2018

EFEMÉRIDES - 8 DE ENERO DE 1945

SE CREAN LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO QUE TIENEN JURISDICCIÓN EN LOS CONFLICTOS OBREROS-PATRONALES, PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS GENERADOS EN ESTE ÁMBITO.

“En lo que a nosotros hace, ponemos el espíritu de justicia por encima del poder judicial. Nuestra justicia es y será más sensible que letrada; más patriarcal que legalista; menos formalista y más expeditiva.”
Juan Domingo Perón
8 de enero de 1945
Los Tribunales del Trabajo tienen en la Argentina fecha de nacimiento precisa, 8 de enero de 1945, durante la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Además de comprenderla en esos marcos más generales, este trabajo propone analizar el origen de la justicia laboral en la Argentina en el marco de otros dos procesos que lo contienen. Por un lado, el del proyecto de transformación estatal que se propuso Perón y sus colaboradores en el gobierno, de lo que son testigos un acrecentamiento notorio de la estructura burocrática –de las dependencias estatales y del personal involucrado– así como una preocupación constante por la capacitación y la eficiencia del aparato estatal. El otro, el de una política de intervención más específica en el sistema judicial –que podría denominarse “la política judicial” del peronismo– que buscaba quitarle jurisdicción sobre el conflicto social al Poder Judicial existente y dar mayor protagonismo al Poder Ejecutivo, que de esa manera podía reclamar la paternidad y la tutela de los nuevos derechos sociales.
La acción del peronismo en comienza casi en el momento mismo en que se produce el golpe militar de 1943, con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión a fines de ese año, a cuyo frente se pone al Coronel del Pueblo, allí se irán tratando y generando las distintas formas para intervenir en materia laboral –en particular las que hacen a la resolución de los conflictos del trabajo– así como el largo proceso paralelo de conformación de tribunales laborales en el país, que se inicia con un decreto de 1944 pero lleva por lo menos el resto de los años de la década de 1940.
Paulatinamente, en el ámbito universitario, el ascenso del “nuevo derecho” en la estructura de cátedras y carreras fue lento pero firme. Tres fueron las universidades nacionales en las que se dio particular impulso al derecho laboral: la de Buenos Aires, la de La Plata y la del Litoral, con sede en la ciudad de Santa Fe.
No obstante, el derecho laboral en la Argentina no era aún, en 1941, una historia sino un proyecto o programa que todavía debía recorrer un camino largo y sortear algunos obstáculos para consolidarse, dan cuenta los elocuentes párrafos siguientes:
En la víspera del advenimiento del peronismo, eran muchas todavía las resistencias a la consolidación del derecho laboral en la Argentina. Dentro de ellas, las primeras que tenían delante sus impulsores no eran las más previsibles de los empleadores o patronos sino las de los representantes de la misma corporación jurídica, a quienes están dirigidos estos pasajes.
¿Quiénes otros si no, que el propio “establishment” jurídico de la Argentina –fuertemente formado en la tradición liberal y ferviente defensor de ella– podía ver en el derecho laboral “normas de excepción, transeúntes y aberrantes de los principios del derecho común” y por lo tanto “desdeñar su estudio”?
¿A quiénes otros si no, se les advertía que el derecho laboral debía tomarse en serio, como “un derecho nuevo”, que estaba “destinado a alcanzar una importancia igual –o quizás mayor– que el derecho comercial”?
En esta efeméride, entonces, vale la pena recordar “la justicia “peronista”; que va a adquirir fuerza de ley en 1946, a través de la ley 12.921, votada por el Congreso de la Nación.
Como es sabido Perón diseña una intervención integral en materia social, que se desplegó en diversos ámbitos en forma simultánea. Lo más conocido y estudiado es la legislación social, que consistió en una batería de normas –que incluyeron primero decretos del gobierno de facto, luego leyes aprobadas por el Parlamento, así como una miríada de regulaciones y resoluciones administrativas de los diversos organismos de control– que conformaban una densa telaraña regulatoria y hablan de una productividad legal de características inéditas.
La segunda transformación, también muy conocida aunque bastante menos estudiada, es la que atañe a la transformación burocrática que acompañó el proceso de reforma para atender más adecuadamente la políticas sociales. Se trata de la creación de oficinas estatales ad-hoc –como la Secretaria de Trabajo y Previsión o la Comisión de Trabajo Rural– tendientes por un lado, a jerarquizar la acción estatal en la materia y por otro lado a lograr una gestión más eficiente y profesional de la política social.
En materia específicamente judicial, su acción se desarrolló en forma simultánea en dos frentes. El primero está íntimamente relacionado con su revolución legislativa. Se trata de la creación o reformulación de una variedad de organismos con funciones judiciales controlados desde el Poder Ejecutivo que se ubicaban por fuera de la justicia ordinaria, como las cámaras de conciliación y arbitraje para el caso de los arrendamientos rurales o las juntas de conciliación de la Secretaría de Trabajo– que cumplieron un rol clave en la aplicación de la nueva legislación económica, social y laboral, tanto de la preexistente como muy en especial de la nueva legislación que el peronismo se enorgullecía de presentar como revolucionaria e inédita.
No podemos olvidar, en este sentido, que a poco de producirse la Revolución de Junio, Perón convierte al antiguo Departamento Nacional del Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP). Esto no suponía solamente un cambio de nombres. Se trataba de una jerarquización y un redimensionamiento de la intervención estatal en la materia, que comenzaba por la creación de un organismo centralizado y acrecentado –en su personal, presupuesto y funciones– y con el propósito firme de provocar un cambio en la calidad de esa intervención, a través de la formación y capacitación de sus cuadros burocráticos, la incorporación de profesionales y de rutinas burocráticas estandarizadas.18 Estos cambios se concebían además como el complemento indispensable de los que se daban en la legislación, ya que el objetivo de estas dos acciones conjuntas y simultáneas era llenar un gran vacío, que era tan notorio en el terreno de la legislación como en el del control y la regulación.
Entre las múltiples funciones que asumía la Secretaría se contaban las de control y “policía de trabajo” en cada jurisdicción –con la capacidad de hacer inspecciones, recibir denuncias, multar a los infractores, levantar actas, etc.–; la de producir normas tendientes a una estricta regulación del trabajo en todo el país, a través del dictado periódico de resoluciones –v.g. sobre salarios mínimos, condiciones de trabajo, etc. en cada jurisdicción y para cada tipo de actividad–; la de brindar en sus oficinas información, asesoramiento (sindical, legal, procesal), de manera de desarrollar la “intensa obra de divulgación” concientización doctrinaria y política de los trabajadores en todo el país; por último –en lo que atañe más directamente a este trabajo– se proponía la tarea inconmensurable de gestionar centralizadamente todos los conflictos laborales que se produjeran en el territorio del país, controlando el sistema de conciliación y arbitraje entre obreros y patronos, ya sea recibiendo las presentaciones y denuncias o interviniendo de oficio, en forma directa y espontánea en las contiendas que deriven del trabajo. En una de sus primeras resoluciones en este sentido, la Secretaría establecía el principio de “conciliación obligatoria”, declarando que “todos los conflictos laborales deben ser canalizados por la Secretaría”
De esta manera, a través de la centralización y coordinación de la tarea de supervisión y control de la aplicación de la ley laboral, y de la imposición de un sistema de resolución de conflictos que debía empezar en el seno de sus delegaciones provinciales y locales –en donde los trabajadores recibían asesoramiento legal y procesal gratuito y en los que había un indisimulado sesgo obrerista, transformándose en una pieza clave de la política laboral del peronismo y de la construcción del liderazgo político de Perón en todos los rincones del país.

Desde el punto de vista de nuestra historia, estos organismos constituyen un antecedente directo de la conformación de los tribunales laborales y de la impronta que se les va a dar en primera instancia. En efecto, se ve allí una predilección del peronismo por los institutos con representación paritaria o “clasista” para resolver estos conflictos, pero que representaban sólo uno de los modelos posibles de configuración de tribunales laborales que se estaban discutiendo en los ambientes académicos locales e internacionales e implementando en otros países por entonces.
El punto culminante de la política judicial peronista en materia laboral fue la conformación de los tribunales laborales, proceso que se inicia a fines de 1944 con la creación de los de la Capital Federal pero que lleva varios años.
El puntapié inicial de la creación institucional de dichos tribunales fue el decreto No. 32.347, de noviembre de 1944, elaborado por Perón y su equipo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que si bien se titulaba “Crea y organiza los Tribunales del Trabajo” en verdad lo hacía sólo para los de la Capital Federal y los territorios nacionales, únicas jurisdicciones sobre las que tenía potestad el Poder Ejecutivo Nacional para hacerlo, según la Constitución Nacional vigente entonces.


Perón quiere dar así a la creación de la justicia laboral un fuerte contenido político, que se expresa como una necesaria reparación histórica a los trabajadores luego de tantos años de desatención e indiferencia por parte de un sistema judicial básicamente conservador e insensible.

La justicia del trabajo, que el General Perón vino a conceder,
es precisamente lo contrario:
el ámbito en el que se producirá esa reparación largamente esperada,
en el que se restablecerá la igualdad


La creación de los Tribunales del Trabajo argentinos por el Justicialismo formó parte de un proyecto más amplio de intervención del Estado central en el mundo judicial. Este proyecto incluyó paralelamente la creación de otros organismos burocráticos con funciones judiciales controlados desde el Poder Ejecutivo –como las diversas juntas y cámaras de conciliación y arbitraje– que cumplieron un rol clave en la aplicación de la nueva legislación social. A través de una red de delegaciones del Poder Ejecutivo distribuidas a lo largo del territorio nacional, el peronismo persiguió la efectiva aplicación de la ley a lo largo del territorio del país con el objetivo general de consolidar el poder del estado central pero también de hacer llegar los beneficios de las nuevas leyes sociales a los trabajadores y campesinos de toda la geografía nacional.
Para finalizar en el recuerdo de esta efeméride: la conformación de la justicia laboral fue así el golpe de gracia de la política social peronista y el máximo desafío al estado liberal. No sólo se trataba de poner un poderoso instrumento de lucha en manos de los trabajadores, sino que plasmaba institucionalmente la novedad del derecho del trabajo, que había sido largamente resistido en diversos foros por el conservadurismo judicial, en la Argentina y en otras latitudes.

Desde la presidencia de la Nación, en la actualidad y desde el 10 de diciembre de 2016, a todo este proceso histórico, Mauricio Macri se ha referido como: "Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla, porque destruye la generación de empleo futuro", insistiendo en el pedido de dinamitar la "industria del juicio…"
En su particular mirada del tema, agregó: “...la proliferación de juicios laborales obliga a los empresarios a evitar contratar gente. "
Es la misma resistencia con que el General Perón se encontró al crearlos, agiornada por el nuevo neoliberalismo de entonces.
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